ISFT178 Aula de Administración Económico Financiera - Lección 3

Bibliografía a utilizar:

URRUNAGA Roberto, y otros. “Fundamentos de economía pública”, Universidad del Pacífico, 2001 (Capítulo 1)

 El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

Mercado y Estado: intervencionismo público (Tercera parte)

El mercado produce una asignación eficiente cuando se dan condiciones de competencia y no hay externalidades relevantes; estos problemas están muy presentes en la sanidad. La intervención el Estado es correctora aunque añade otros problemas. La equidad es una clave central en el intervencionismo del Estado en la asistencia sanitaria

                                                                                                    Autor: Juan A. Gimeno Ullastres

OBSERVACIÓN DEL DOCENTE: El presente artículo centra su interés en el mercado de la sanidad.


3.4. Equidad y distribución

El debate sobre el acceso nos lleva al aparente enfrentamiento entre los objetivos de eficiencia y de equidad. El planteamiento dominante en el análisis económico, basado en el criterio de eficiencia, parte de la aceptación de la distribución de la renta existente. La imposibilidad de comparar las pérdidas o ganancias individuales de bienestar lleva a suponer que cualquier opción redistributiva está cargada de juicios de valor. Es obvio que no tomar en cuenta los aspectos distributivos es en sí mismo también un juicio de valor.

Una crítica tradicional a las políticas redistributivas se basa en el efecto desincentivador que pueden implicar. Para los “ricos”, porque ante la amenaza de que buena parte de lo que ganen se dedique a pagar a los “pobres”, perderán interés en incrementar su esfuerzo, en trabajar más para otros. Para los “pobres”, porque si el Estado garantiza rentas y servicios, pueden perder el interés por trabajar. En ambos casos, disminuirá el nivel colectivo de esfuerzo y con ello la producción, con lo que todos serán más pobres después de la política redistribuidora. Es el debate popularizado a través de la elección entre repartir la tarta o hacerla más grande, como objetivos aparentemente encontrados.

Frente a esa tópica incompatibilidad, parece existir una cierta correlación entre el grado de desarrollo alcanzado por una sociedad y la menor desigualdad relativa que se observa en la misma. Para unos, esa presunta evidencia viene a avalar la tesis de que la mejor política distributiva es aquélla que garantiza el máximo crecimiento, la que propicia una asignación eficiente de los recursos disponibles.

Para otros, esos datos demuestran precisamente lo contrario: que la atemperación de la desigualdad posibilita un mayor crecimiento. Las fuerzas del mercado, si funcionan sin contrapeso alguno, llevan por sí solas no hacia la igualdad sino hacia desigualdades crecientes. Por ello es necesario que los poderes públicos corrijan esa tendencia acercando la distribución de la renta hacia la igualdad.

Si la igualdad total es un desincentivo importante, la desigualdad muy elevada supone también un coste relevante en términos de producción. Un “exceso” de igualdad provoca un importante desincentivo al esfuerzo: cualquier intento de producir por encima de lo normal se encontrará con una fuerte penalización redistribuidora. El empobrecimiento general puede llegar a ser tal que no sólo los ricos perdieran, sino también los pobres. Un “exceso” de desigualdad tiene efectos negativos sobre la producción por deficiencias en la salud, la preparación y la capacidad (productiva y adquisitiva) de buena parte de la población. Sin contar aspectos adicionales como los desórdenes sociales y la seguridad del propio sistema. Probablemente existe consenso en que no hay conflicto entre equidad y eficiencia si contemplamos situaciones extremas.

En definitiva, aun admitiendo la posición intermedia o de compromiso, existe una notoria incapacidad para concretar una idea operativa e indiscutida de equidad. La presencia de juicios de valor diferentes y de intereses contrapuestos obligan a remitir a las opiniones mayoritarias de los ciudadanos en cada momento y lugar, opiniones que a su vez van transformándose a lo largo del tiempo.

Frecuentemente la distribución de la renta o la riqueza se refiere simplificadamente a la distribución entre personas y hogares. Pero tan importante como esa perspectiva, es posible añadir una referencia a colectivos con necesidades sanitarias específicas. En la medida en que, por unas causas u otras, determinados grupos de personas pueden tener necesidades muy diferentes a las de los demás, será importante también estudiar y decidir el grado de diferencia que quiere aceptarse en los recursos a ellos destinados. Las diferencias pueden provenir por razones de edad (niños, mujeres, ancianos, etc.), de enfermedades (cáncer, SIDA, etc.), minusvalías, etc.

El principio de equidad puede entenderse de diversas formas. Pero es fácil relacionarlo de forma general como un objetivo ligado a que todos los ciudadanos puedan tener acceso a niveles parecidos de servicios. Algunas veces se ha definido como permitir un trato igual a los iguales (equidad horizontal) y adecuadamente desigual a los desiguales (equidad vertical).

Sin duda, el segundo aspecto plantea muchos más problemas en la práctica que el primero. Porque no siempre existe acuerdo en la definición de la desigualdad susceptible de merecer un trato discriminatorio ni, en el caso de aceptarse la diferencia, en calibrar hasta dónde debe llegar la discriminación.

El mercado no garantizaría el principio de equidad en el caso de la sanidad. La intervención del Estado para corregir esa situación es obligada cuando constitucionalmente se define el acceso a aquélla como un bien preferente y se trata de un supuesto claro de externalidad positiva.

  La elección de uno u otro criterio implicará consecuencias diferentes respecto a las medidas necesarias para garantizar el nivel deseado. En todos los casos, es evidente que el mercado no permitiría su cumplimiento y sería necesaria la intervención del sector público. El cómo de esa intervención puede revestir formas muy diferentes.

Los estudios disponibles estiman que el gasto sanitario presenta una importante incidencia redistributiva en favor de los hogares con menores ingresos, superior incluso al impacto total del conjunto del sistema de la Seguridad Social o de otras políticas ligadas al Estado de bienestar.

La generalización de la asistencia pública ha permitido una mejora sustancial para el conjunto de la población, especialmente para los niveles más bajos de renta, pero ha podido desplazar a parte de los usuarios más acomodados hacia la sanidad privada

3.5. ¿Mercado o Estado?

(Siguiendo a ORTÚN, V. - 1990)

Hemos visto, pues, que los servicios sanitarios afectan a la preservación de la vida, o a su calidad como mínimo, con gran incertidumbre, una información muy asimétrica, externalidades y otros elementos constitutivos de importantes fallos de mercado.

El Estado constituye una organización económica única con afiliación universal y poder de coacción, lo cual le proporciona ventajas e inconvenientes en relación con el mercado. Las características que lo facultan para resolver ciertos problemas de selección adversa y riesgo moral también lo incentivan para reducir la competencia, convertir el empleo y el salario públicos en poco sensibles a las cambiantes necesidades sociales, limitar los incentivos a la eficiencia, fomentar las actividades de búsqueda de rentas, crear burocracia y reducir la flexibilidad de las políticas a través de rigideces normativas.

El Estado también es, pues, una institución imperfecta y los principales fallos que suele presentar la oferta pública son los siguientes:

• Problemas de incentivos: la ausencia de competencia y la imposibilidad de quiebra adormecen las organizaciones; la dificultad de discriminación según rendimiento y mérito, así como la estabilidad garantizada, adormecen a los individuos.

• El énfasis en la “legalidad”, por el que se atiende más a los problemas formales y parece negarse la preocupación por la eficiencia.

• Una prevención de la arbitrariedad que niega la discrecionalidad y, por lo tanto, limita la capacidad de gestión. La arbitrariedad gestora que permita a burócratas y políticos actuar en exclusivo interés propio obviamente ha de evitarse.

• Las posibles desviaciones de poder como convertir en público el interés particular.

• Patologías burocráticas que pueden sobrevivir largamente al no confrontar sus costes en un mercado competitivo ni ser convenientemente evaluados y sometidos a los correspondientes estímulos correctores.

Tanto los fallos del mercado como los del Estado son más la regla que la excepción. Ni la existencia de fallos de mercado basta para justificar la intervención estatal ni los fallos del Estado son suficientes para legitimar el laissez faire.

Ya vimos que las posibilidades de intervención pública son muy variadas. Al amplio abanico de campos en los que puede justificarse la intervención pública con el consiguiente debate respecto a su conveniencia, se añade el no menos amplio número de posibilidades concretas de actuación, no todas ellas eficaces para obtener los diferentes objetivos pretendidos.

Podría hablarse de un cierto proceso de convergencia desde el momento en que las Administraciones Públicas se apoyan frecuentemente en instituciones privadas, exigiendo el cumplimiento de criterios públicos que corrigen el puro funcionamiento del mercado e internalizan buena parte de as externalidades de carácter social. Y, por otra parte, las principales sugerencias de reforma del sistema público apuntan hacia una progresiva introducción de factores de mercado y de competencia, separando los roles de financiación y provisión y buscando sistemas más ágiles de gestión sanitaria

La reflexión está siendo especialmente obligada para el sistema sanitario público, en casi todos los países de nuestro entorno, por el incremento del gasto que absorbe proporciones crecientes del presupuesto público. Un crecimiento tan constante e importante que está obligando a una reflexión sobre los aspectos ineficientes y los mecanismos de contención de costes, con el objetivo de que los problemas financieros no acaben por ahogar al sistema y afectar a la propia supervivencia del modelo.

Por ello, viene apuntándose una tendencia a:

a) La separación de los roles de financiación y producción. Esta separación delimitaría responsabilidades, ya que el financiador no respondería del funcionamiento de los centros sanitarios. La responsabilidad así del ente financiador permitiría que éste tendiese a gastar en aquellos centros sanitarios donde exista una mayor eficiencia.

b) Cambios jurídicos que permitan a los gestores escapar más fácilmente al control administrativo del presupuesto y eliminar parte de las actuales trabas burocráticas. Los gestores deberían responder más por la utilización de sus recursos y los resultados, que de las formas de ejecución presupuestaria.

c) La necesidad de introducir competencia entre los centros sanitarios. Se pretende que una adecuada competencia permita valorar a los centros que consiguen una mayor eficiencia. En esta línea se han barajado muchas posibilidades, como la de permitir al usuario elegir en primera instancia entre los centros públicos, y sólo si no fuera suficiente entre los del sector privado, o acreditar centros en pie de igualdad entre el sector público y el privado.

Los detractores de la aplicación de los criterios de la competencia en el ámbito sanitario han señalado también inconvenientes, en buena medida ya repasados, como los siguientes:

• El diferente peso específico entre la oferta sanitaria pública y privada condiciona que ésta no pueda competir en condiciones de mercado con respecto a toda la población, en cuanto a distribución y precio.

• El sistema sanitario debe atender colectivos y necesidades no rentables en cuanto a precio. Debiendo, por ejemplo, situar centros de salud en zonas poco pobladas en las que difícilmente tendría cabida más de un centro ni sería fácil alcanzar dimensiones rentables.

• En muchas ocasiones, el paciente carece de referencias para apreciar la calidad de los servicios sanitarios públicos. Y elige guiado casi exclusivamente por su situación geográfica o por los servicios complementarios más superficiales.

• A la Administración le resulta difícil fijar un precio (coste) basado en el grado de calidad del servicio.

• Una concepción de los centros sanitarios demasiado próxima a un centro privado podría aparejar todos los inconvenientes que hemos visto para un modelo competitivo regido por criterios de mercado. Podría resultar un híbrido con todos los inconvenientes de los dos modelos y con pérdida de sus respectivas ventajas.

• La rigidez laboral en los centros públicos hace extremadamente difícil una gestión que prime los comportamientos más acordes con la consecución de los objetivos encomendados a las unidades de producción.

Al final, como casi siempre que se debate sobre el posible intervencionismo público, el debate se refiere a la equidad de los resultados, a la distribución deseada de los costes y de los beneficios del sistema, a cuánta política redistributiva desea una sociedad.

Conclusiones

El mercado es, como regla general, el método que proporciona un mayor acercamiento al uso eficiente de los recursos, para la mayor parte de los bienes y servicios. Pero los fallos del mercado, los incumplimientos de las condiciones de la competencia, son tan frecuentes, que es precisa alguna regulación correctora por parte del Estado.

Hay determinados tipos de bienes que, por su carácter de públicos o por la existencia de externalidades, son especialmente inadecuados para una provisión libre por parte del mercado.

En el ámbito de la salud, se dan simultáneamente varias de estas circunstancias: hay fallos del mercado, hay bienes públicos y hay externalidades. Por ello, es indispensable la intervención pública.

Pero el sector público también tiene fallos evidentes de funcionamiento. Por ello, no siempre los fallos del mercado deben llevar a que la provisión de un bien o servicio sea asumida públicamente. Son muchas las formas posibles de intervención y en cada caso, según las circunstancias y valoraciones sociales, deberá elegirse la mejor combinación posible.

Además, el mercado, funcionando libremente, genera desigualdades crecientes y dificulta el acceso a bienes y servicios básicos para buena parte de la población con menores ingresos o circunstancias personales específicas.

Por ello, al final, el debate sobre la mayor o menor presencia del Estado en el ámbito sanitario, es un debate sobre la equidad y la distribución de la renta que consideramos deseable.

Referencia:
Gimeno Ullastres J A. Mercado y Estado: intervencionismo público [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012 [consultado día mes año]. Tema 1.1. Disponible en: direccion url del pdf.

VIDEO SUGERIDO

¿Qué debe hacer el Estado?

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DEL AULA

Breve ensayo

- El Estado debería cumplir la función de Robin Hood: obtener recursos de los ricos, para entregàrselos a los pobres

- La equidad no puede ser administrada por el mercado

- Así como hay mercados imperfectos, se deben admitir gobiernos imperfectos

 

ISFT 178 Aula de Administración Económico Financiera - Lección 2

 

Bibliografía a utilizar:
URRUNAGA Roberto, y otros. “Fundamentos de economía pública”, Universidad del Pacífico, 2001 (Capítulo 1)

El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

Mercado y Estado: intervencionismo público (Segunda Parte)

El mercado produce una asignación eficiente cuando se dan condiciones de competencia y no hay externalidades relevantes; estos problemas están muy presentes en la sanidad. La intervención el Estado es correctora aunque añade otros problemas. 

                                                                                                                  Autor: Juan A. Gimeno Ullastres

2. La infravaloración en el mercado
2.1. Las externalidades

En ocasiones el mercado no valora adecuadamente todos los costes o beneficios que se derivan de una determinada producción o consumo. Esa infravaloración del mercado motiva que se produzca en exceso (cuando se infravaloran los costes) o menos de los socialmente deseable (si se infravaloran los beneficios).

Los bienes de consumo acarrean beneficios privados, para su consumidor directo, y pueden o no afectar a los individuos distintos del consumidor. Cuando se produce ese efecto indirecto sobre otros sujetos distintos del involucrado en el consumo directo del bien o servicio decimos que se trata de una externalidad en ese consumo. Exactamente lo mismo puede decirse de un proceso productivo y los efectos colaterales del mismo sobre sujetos distintos al productor.

El mercado no incorpora las externalidades del consumo o de la producción. Consecuentemente, provee en exceso en los supuestos de externalidades negativas y menos de lo socialmente deseable cuando hay externalidades positivas.

Un individuo decide vacunarse frente a una enfermedad contagiosa. De esta vacunación se deriva un beneficio privado evidente para quien recibe la vacuna. Pero, además de ese beneficio privado, hay un beneficio externo para los individuos próximos o en contacto con aquel y que no han participado directamente del acto de consumo.

Los individuos, al tomar decisiones que producen efectos externos, no tendrán en cuenta esos efectos indirectos, esas externalidades positivas, a menos que se les fuerce por ley o se les persuada mediante dinero o algún otro estímulo que permita internalizar las consecuencias indirectas de su comportamiento. El equilibrio de mercado no sería el socialmente deseable. Ante la presencia de claros beneficios externos y ante la subprovisión por parte del mercado respecto de la que puede considerarse como cantidad óptima en términos sociales, el Estado puede optar por intervenir y establecer mecanismos de coacción o de intervención para que el mercado alcance el nivel de equilibrio óptimo en términos sociales.

También es posible identificar actos de consumo o de producción que generan efectos que perjudican a terceros ajenos a la relación directa de los oferentes y demandantes concretos. Se trata de las externalidades negativas. En estos casos, es posible encontrar razones para la actuación del Estado, en la medida en que el mercado, actuando sin control o regulación, puede llegar a proveer por encima del nivel considerado como socialmente óptimo. La intervención pública puede estar justificada también en el caso de las externalidades negativas, con un primer objetivo cual es que el mercado internalice esos efectos negativos.

Para lograr esa internalización, existe un conjunto de medidas correctoras de las externalidades negativas. En algunos casos, puede no necesitarse la intervención pública. Esto será así cuando resulte posible la negociación entre las partes. Sin embargo, para que esta solución resulte posible deben concurrir algunas condiciones que no siempre se dan en la realidad: los derechos de propiedad deben estar claramente definidos, debe existir un marco jurídico que propicie las negociaciones privadas y no deben existir costes de transacción que imposibiliten o hagan extremadamente difícil alcanzar el acuerdo.

Cuando no es posible internalizar los efectos externos mediante la negociación privada y aquéllos son socialmente considerados importantes, la intervención del Estado puede propiciar, más fácilmente que el mercado, la asignación socialmente óptima

2.2. Bienes preferentes y no deseables

Relacionada con las externalidades positivas, existe una peculiar categoría de bienes y servicios que en el ámbito de la economía pública se ha denominado como bienes preferentes. Se trata de aquellos bienes y servicios que satisfacen las valoradas socialmente de manera tan meritoria que su suministro por el mercado se considera insuficiente. Se entiende que para estos bienes los individuos pueden no disponer de toda la información necesaria sobre la utilidad que se derive de su consumo. O valorarse públicamente aspectos cualitativos que se consideran despreciados por el mercado. Por ello, puede llevarse a cabo algún tipo de intervención del sector público para conseguir una provisión superior a la que realizaría el mercado.

Paralelamente al concepto de bienes preferentes existe el concepto de bienes no deseables, en los que ocurre lo contrario que en aquéllos. Se trata de bienes o servicios que, por la escasa información que puede tener el individuo de los perjuicios o efectos no deseables que puede generar su consumo, van a ser consumidos (o suministrados por el mercado) en una cantidad superior a la que puede resultar deseable en términos de eficiencia. Ejemplos típicos de estos bienes son el tabaco, el alcohol, las drogas, etc.

También en los bienes no deseables es posible identificar cierto grado de bienes públicos, en la medida en que generen externalidades negativas y se ven afectados valores colectivos como la seguridad o la salud pública. Y aparece un factor de desinformación en la medida en que los ciudadanos puedan no ser conscientes de las consecuencias negativas que se derivan, especialmente a largo plazo, de determinados consumos o producciones.

Los bienes preferentes suelen presentar tres características:

a. generan importantes externalidades positivas. Sería ésta una de las razones por las cuales los consumidores pueden no valorar la totalidad de los beneficios que se desprenden de su consumo y demandarlos por debajo de la cantidad que se considera eficiente.

b. implican aspectos redistributivos. Los objetivos redistributivos no sólo se plantean en términos de distribución de la renta, sino también en términos de acceso a un determinado nivel mínimo de ciertos bienes o servicios. En las sociedades modernas, también se plantean objetivos de garantía a todos los ciudadanos de acceso a determinados servicios en condiciones de igualdad. Los objetivos de equidad y de cohesión social están fuera de los intereses egoístas que conforman la mano invisible del mercado.

c. se considera que existe un problema de preferencias deformadas o de falta de información por parte de los consumidores. Por ejemplo, es algo habitual el desconocimiento de los beneficios que pueden derivarse de realizar visitas periódicas al médico o de acudir periódicamente al dentista. Muy frecuentemente se alude también a la denominada miopía del largo plazo: es frecuente que los agentes económicos valoren más claramente los costes y beneficios inmediatos que los que aparecen como posibles en un futuro difuso. Más vale pájaro en mano que ciento volando, dice gráficamente el refrán popular. Si es incompleta la información sobre las circunstancias presentes, es claro que aún más lo es referida al futuro.

Conviene destacar que esa valoración social de qué es positivo o negativo, qué debe favorecerse o penalizarse, entran en juego factores objetivos y científicos, pero también, inevitablemente, factores de tipo valorativo. Será la sociedad la que deba decidir cuándo los efectos derivados se consideran lo suficientemente importantes como para decidir la intervención y elegir la(s) forma(s) específica(s) de hacerlo.

Las formas de posible intervención pública en los casos que estamos comentando son muy variadas y pueden darse de forma simultánea o aislada:

Si la valoración es extremadamente fuerte, el consumo correspondiente puede calificarse como obligatorio (si es preferente) o prohibirse y castigarse (si se califica como no deseable).

·El carácter preferente puede aconsejar la producción pública directa de esos bienes, en régimen de monopolio, si considera que hay valores sensibles que conviene vigilar de cerca, o con carácter paralelo, incluso complementario, de la oferta privada.

· La oferta privada, a su vez, puede ser libre o subvencionada. En este segundo caso puede tratarse de potenciar la internalización de los beneficios sociales. El peligro es que el beneficio pueda trasladarse al precio y el efecto sea un mayor enriquecimiento de los oferentes más que un auténtico beneficio social.

· También puede cubrirse íntegramente el coste soportado por la empresa privada cuando se busca el aseguramiento de su provisión y la opción privada viene a cumplir un papel de concesionario del servicio público.

· En el caso de las necesidades no deseables la internalización de las externalidades negativas puede buscarse a través de un impuesto penalizador que, al encarecer el producto, haga obligada la incorporación de ese coste social. Si la demanda del bien de que se trate es muy rígida, puede no darse ningún efecto reductor de la cantidad consumida. Sin embargo, es posible que la penalización apenas afecte al consumo de los adictos, pero sí sea eficaz para desanimar a los potenciales nuevos consumidores.

· Otra opción es la regulación de su producción y/o consumo. Con carácter complementario, pero también, según los casos, exclusivo, la Administración Pública puede limitarse a marcar las condiciones que permitan reducir las externalidades negativas o incrementar las positivas.

· La forma de intervención más limitada es la que pretende mejorar la formación e información de los consumidores y productores respecto a las consecuencias de sus comportamientos. El estímulo, positivo o negativo, a través de campañas de información y de incidencia sobre la opinión pública buscan desplazar directamente la demanda en la dirección deseada, sin necesidad (o como complemento) de las medidas directas de los puntos anteriores.

3. Los fallos del mercado de asistencia sanitaria

(OBSERVACIÓN DEL DOCENTE. Caso aplicado al mercado sanitario)

3.1. Los bienes públicos y la competencia imperfecta

Bien por la presencia de externalidades o por su calificación como bienes preferentes o no deseables, la intervención pública puede estar justificada para corregir deficiencias del mercado en la provisión de bienes y servicios sanitarios o con repercusiones sobre la salud de los ciudadanos. Pero también sabemos que buen número de servicios sanitarios tienen la consideración de bienes privados. Por lo tanto, podría deducirse que bastarían unas correcciones al funcionamiento del mercado para que el resultado fuera óptimo socialmente y eficiente económicamente.

Sin embargo, es preciso recordar que la eficiencia del mercado exigía el cumplimiento de una serie de requisitos que se asociaban al modelo teórico de la competencia perfecta y buen número de los principios del mercado de competencia perfecta no se cumplen en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria.

Las formas en que el mercado de la asistencia sanitaria puede apartarse de los teoremas básicos de la competencia se pueden resumir en los siguientes:

• La existencia de barreras de entrada en el mercado sanitario: desde la exigencia de una titulación oficial para poder ejercer las diferentes profesiones sanitarias hasta la existencia de programas de control de la actividad sanitaria, pasando por requisitos administrativos y permisos de establecimiento.

• En ocasiones, el número de empresas prestatarias de servicios sanitarios es lo suficientemente reducido como para poseer cierto poder de monopolio. Piénsese en el caso de un médico en el ámbito rural, que monopolice la asistencia primaria en su zona, o de un laboratorio farmacéutico productor único de una determinada especialidad.

• Los servicios sanitarios no tienen carácter homogéneo, ni en su calidad ni en su finalidad.

• La asistencia sanitaria genera evidentes externalidades positivas y la no asistencia sanitaria puede generar claras externalidades de carácter negativo.

• La existencia de información deficiente, según vimos en la relación de agencia y en la demanda inducida por la oferta o los mismos supuestos de externalidades anteriores.

• No puede caracterizarse el ámbito de la salud precisamente por la ausencia de incertidumbre en cuanto a su calidad y evolución. La incertidumbre juega un importante papel en la compra de seguros privados.

La salud pública y la investigación médica, según se dijo, a menudo se parecen mucho a un bien público puro. Algunas enfermedades, especialmente las contagiosas, generan externalidades. En estos casos, puede ser conveniente regular el aislamiento de los enfermos o la vacunación obligatoria, y eso justifica en parte la existencia de los servicios públicos de salud.

3.2. Problemas de información

Uno de los supuestos esenciales para que los mercados sean perfectamente competitivos y asignen eficientemente los recursos es que los agentes, y en especial los consumidores, adoptan sus decisiones con toda la información posible. Es decir, que actúan con información completa sobre las distintas alternativas posibles y que finalmente optan por el bien, factor o servicio que mejor satisface sus preferencias.

Por diversas circunstancias, el consumidor puede disponer de información defectuosa sobre las diferentes opciones de consumo. Consecuentemente, sus decisiones pueden estar desviadas respecto a sus intereses óptimos y llevar a una asignación ineficiente de recursos por parte del mercado.

Diferencia entre mercados competitivos y mercados médicos

Las causas de que el consumidor no disponga de información completa son diversas:

• puede desconocer la existencia de otros precios para una misma cantidad del bien o del servicio que se trate.

• puede desconocer la existencia de otros bienes o servicios sustitutivos más o menos perfectos (es decir, que le proporcionen una utilidad parecida) de aquél que va a consumir.

• puede conocer la existencia de alternativas de consumo sustitutivas del que va a realizar, pero la información sobre las propiedades de cada una de ellas esté distorsionada.

• puede tener distorsionada la información por estrategias de venta o de marketing sobre el bien o servicio que va a consumir, o sobre las características de los posibles sustitutivos de ese consumo.

• puede conocer tan sólo unas características superficiales, y quizás secundarias, del bien o servicio, pero carecer de medios o conocimientos para valorar otras circunstancias menos obvias, quizás más decisivas en relación con la satisfacción de la necesidad correspondiente.

Cuando el consumidor acude a un médico lo que compra es en gran medida los conocimientos o la información de ese médico. Y esa es una de las razones por las que el Estado interviene en la concesión de permisos para ejercer la medicina y en la regulación de los medicamentos que pueden administrarse a los pacientes.

Otra de las consecuencias del hecho de que los consumidores sean compradores mal informados es que, a menudo, se sienten decepcionados con lo que compran. En el caso del individuo que adquiere un televisor de una marca mala, esto no tiene grandes consecuencias; pero en el caso de la medicina, el individuo que cree que el médico no le ha atendido correctamente puede demandarlo y, de hecho, en algunos países han aumentado espectacularmente las demandas por negligencia. Estas inducen al médico a prestar una asistencia excesiva.

La información imperfecta reduce el grado efectivo de competencia.

Los consumidores de bienes de consumo pueden averiguar con relativa facilidad dónde se vende a mejor precio. En cambio, los pacientes potenciales que vean que un médico cobra precios más bajos que sus competidores pueden pensar que este médico no tiene una gran demanda de sus servicios y que, por eso, está tratando de atraer más clientes; pero la falta de demanda de sus servicios puede hacerles pensar que no es un buen médico.

La heterogeneidad de los servicios médicos dificulta las comparaciones de precio y calidad e impide que se difunda eficazmente la información. A ello se añade el carácter incompleto de la información de que disponen los individuos sobre su estado de salud, sobre la necesidad de un determinado tratamiento médico o sobre las consecuencias para él de las diferentes terapias posibles

Las posibles actuaciones del Estado para evitar el fallo del mercado vinculado a la información disponible pueden adoptar fundamentalmente dos formas:

• tratar de canalizar hacia el público la información disponible en el mercado.

• adoptar un papel activo en la generación de información, por ejemplo, a través de la promoción de las actividades relacionadas con la investigación.

La incertidumbre es otro factor que implica la inexistencia de información perfecta sobre las alternativas posibles cuando éstas afectan a circunstancias o consecuencias futuras. Y la incertidumbre es algo implícito en la naturaleza del bien salud. La llegada de la enfermedad o la pérdida de salud difícilmente pueden resultar previsibles. La respuesta del mercado y del Estado a esa incertidumbre respecto a las necesidades de salud futuras ha consistido en la creación de seguros (privados y ofertados en el mercado, y/o públicos y con diferentes grados de cobertura) que cubran del riesgo incierto.

3.3. Problemas de acceso

Aunque el mercado, con algunas correcciones públicas, asignara eficientemente los recursos aplicados al sector sanitario, seguirían pendientes problemas como el acceso de las personas con escasos recursos económicos o la prestación de servicios de escasa rentabilidad

De acuerdo con lo que se ha visto, en cuanto que bien privado el mercado podría encargarse de la asignación con ciertos grados de eficiencia. La existencia de fallos como los descritos exigiría correcciones por parte del Estado con el fin de que se tomaran en consideración las externalidades, se controlaran las posiciones monopolísticas, se facilitara la información deficiente, etc.

Pero esas intervenciones no serían suficientes para garantizar el acceso universal a la salud. Las personas con reducidos recursos no podrían acceder a determinados servicios y algunos de éstos ni siquiera estarían en el mercado, porque resultaría poco rentable la atención de enfermos crónicos, ancianos y poblaciones alejadas, o los tratamientos muy costosos.

Según este punto de vista, los servicios médicos son diferentes de casi todas las demás mercancías. De la misma manera que el derecho de voto no debe estar sujeto al mercado (la gente no puede, legalmente al menos, comprar y vender sus votos), el derecho a vivir (el acceso a los servicios médicos) no debe ser controlado por el mercado.

Sin embargo, no todos los economistas están de acuerdo en que los servicios médicos no reciban el mismo trato que otras mercancías. Algunos afirman que debe permitirse que las personas que tengan más dinero y quieran gastarlo en asistencia sanitaria puedan hacerlo en la medida en que la relación entre los cuidados médicos y la vida (muerte) es muy tenue. Parecen existir otros factores como el tabaco, el alcohol, la dieta y, especialmente, la educación, que desempeñan un papel tan importante, o más, en la determinación de la duración de la vida del individuo y de otros indicadores de la salud.

Existe una tercera opinión (en torno a la cual parecen gravitar muchas democracias occidentales) según la cual todo el mundo tiene derecho a un determinado nivel mínimo de asistencia.

Si se diseña un sistema de asistencia privada coexistiendo libremente con una oferta pública que garantiza el acceso universal, la consecuencia más probable es que se produzca paulatinamente un proceso de selección adversa. El sistema privado, incluso funcionando a través del aseguramiento, tenderá a expulsar a los enfermos crónicos, a los necesitados de atenciones especialmente costosas, a los ancianos y a los pobres. El sistema público quedaría así reservado a los colectivos no deseados por la iniciativa privada, lo que normalmente conlleva un incremento importante del coste y un nivel de calidad en la asistencia notoriamente inferior al del resto del sistema.

Referencia:

Gimeno Ullastres J A. Mercado y Estado: intervencionismo público [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012 [consultado día mes año]. Tema 1.1. Disponible en: direccion url del pdf.

VIDEOS SUGERIDOS
1. Fallas del mercado

2. Fallas del mercado y uso de la información en la sociedad

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DEL AULA

Breve ensayo

- No solo el mercado tiene fallas

- Los bienes públicos no tienen precio

- La marihuana es un bien no deseable

ISFT178 - Aula de Economía - Lección 3

Herramientas de trabajo.

Bibliografía a utilizar:

MOCHÓN F. y BEKER V. “Economía. Principios y aplicaciones”, 4ª.Edición. Editorial McGraw Hill, 2008 (Capítulo 1)

 

EJERCICIOS DE REVISIÓN
Estudio de casos: La caída del dictador

    Ecolandia vive nuevos aires tras la caída de la dictadura de Armando Yoynadiemás, con el que tanto la producción como el consumo y los precios estaban determinados por el Estado. A la semana siguiente del derrocamiento se publica en el Boletín Oficial del Estado una ley que anula el intervencionismo estatal en la Economía y restaura los mecanismos de mercado como elemento principal para la asignación y distribución de los bienes y servicios. Ante esta nueva situación, Pedro Fetuccini decide montar una pizzería. Sin embargo, debido a la escasez de recursos existentes en el país, únicamente podrá ofertar dos tipos de pizza: de atún o de carne de cerdo.

    Asimismo, con los recursos monetarios de que dispone, debe enfrentarse a las siguientes posibilidades de producción:

- Opción A: Producir 0 pizzas de atún y 300 de cerdo.

- Opción B: Producir 75 pizzas de atún y 250 de cerdo.

- Opción C: Producir 175 pizzas de atún y 185 de cerdo.

- Opción D: Producir 275 pizzas de atún y 100 de cerdo.

- Opción E: Producir 375 pizzas de atún y 0 de cerdo.

       Por otra parte, también deberá tener en cuenta que un descenso en el precio del atún le puede permitir producir 25 pizzas más de atún en cada una de las opciones antes descritas.

       Además, Pedro está seguro de que la reducción de impuestos que el nuevo Gobierno ha diseñado va a suponer, en general, un mayor consumo, lo cual también repercutirá en su negocio con una mayor demanda de pizzas. En concreto, piensa que será la pizza de atún la que sufrirá un mayor avance. Ha llegado a esta conclusión después de haber observado que las ventas de pizzas de atún en las tres últimas semanas fueron 100, 125 y 150, y que las de cerdo permanecían inalteradas. Aún así, y con el fin de corroborarlo a partir de los datos de las ventas de todas las pizzerías de la región en la última semana, y de sus ventas a lo largo de los tres últimos meses, pide a su amigo Juanma Temático, que le elabore un modelo que le permita determinar sus futuras ventas de pizzas, y las causas principales que inciden en la venta de las mismas. Juanma, finalmente, determina un elemental modelo económico, donde relaciona una variable endógena o explicada (las pizzas vendidas) con el aumento de renta disponible de las familias, y el precio de las mismas (variables explicativas). El modelo que presenta es el siguiente:

      Pizzas de atún vendidas = 23 - 1,75 x Precio de pizzas de atún + 1,25 x Aumento de renta disponible de las familias

      Debe tenerse en cuenta que para determinar la renta disponible de las familias, Juanma empleó la renta real atendiendo a los siguientes datos:

Año	2016	2020	2022	2023
Renta Nominal	1.986	2.828	6.262	12.312
Índice de precios al consumo	88,7	100	181,5	328,4
Renta Real	2.239	2.828	3.450	3.749

Preguntas:

1. ¿En qué tipo de Economía se encontraba Ecolandia con Armando Yoynadiemás? ¿ Y tras su caída?

2. Dibujar la frontera de posibilidades de producción de Pedro.

3. ¿Podría Pedro situarse más allá de esta frontera de posibilidades de producción? ¿Por qué?

4. ¿Qué consecuencias tiene sobre la frontera de posibilidades de producción el descenso del precio de atún?

5. La afirmación de que el descenso de impuestos hará aumentar la renta disponible de las familias,¿ es de Economía normativa o positiva?

6. La afirmación de que se incrementarán sus ventas de la pizza de atún,¿ es de Economía normativa o positiva?

7. Calcular la tasa de crecimiento de las ventas de pizzas de las tres últimas semanas, respecto de la primera.

8. ¿Qué tipo de datos - series temporales, corte transversal... - son las ventas de las pizzerías en la última semana?

9. ¿Qué significa el índice de precios al consumo mostrado en la tabla?

10. Entre la renta real y la nominal, ¿Cuál piensa que determina mejor el crecimiento verdadero de la renta? ¿Por qué?

Fuente: “Introducción a la Economía. Microeconomía. Libro de prácticas” , Gimeno Guirola, Edit. Mc Graw Hill,  2º edición, 1998.

ISFT 178 - Aula de PPE - Lección 3

Herramientas de trabajo.

Bibliografía a utilizar:

MOCHÓN F. y BEKER V. “Economía. Principios y aplicaciones”, 4ª.Edición. Editorial McGraw Hill, 2008 (Capítulo 14)

FERRUCCI R . Equilibrio general. Material de cátedra.

Revisamos y profundizamos conceptos vistos en la clase pasada. En este caso se tomará que el Ingreso disponible Y_d es igual a Y – T, donde T son los tributos. Se está planteando que, el ingreso que disponen las familias para gastar, es el que resulta después de pagar los impuestos.

Cuidado que la propensión marginal al consumo se puede representar con la letra b minúscula o con c₁

El consumo

La demanda de consumo es la demanda agregada de los hogares en bienes y servicios destinados al consumo presente de bienes perecederos. El consumo de las personas está determinado por varios factores entre los cuales el de mayor importancia es el ingreso disponible (el ingreso que reciben los hogares al proporcionar factores de producción luego de que se han sustraído los impuestos). Cuanto mayor sea la renta disponible mayor será el consumo. 

Por otro lado, la función de consumo está compuesta por un factor autónomo que depende, por ejemplo, d e la riqueza acumulada y del ingreso futuro esperado. El otro componente de la ecuación, el consumo inducido, depende en gran manera de la propensión marginal a consumir del agente, que no es otra cosa que la parte que se destina al consumo cuando aumenta en una unidad el ingreso. La propensión marginal a consumir (PMgC) está determinada por factores como la edad del agente y las preferencias entre consumo presente y futuro, entre otros. Podemos representar la función de consumo como:

Esto significa, además que la PMgC es igual a la pendiente de la función de consumo. Podemos añadir que existe la propensión promedio a consumir, representada por:

El ahorro 

De la misma manera, la función de ahorro está relacionada, de forma implícita, con el ingreso puesto que el ahorro nos es otra cosa que lo que queda luego de restar el consumo de la renta disponible. Incluye depósitos a plazos, acciones, bonos y otros activos.

Es necesario mencionar que es factible obtener una función de ahorro negativa puesto que las personas pueden incurrir en préstamos o utilizar activos acumulados en el pasado para incrementar su consumo más allá de los límites impuestos por su ingreso disponible.

Asímismo, existe una propensión marginal a ahorrar (PMgA) que representa la porción del ingreso destinado al ahorro cuando la renta se incrementa en una unidad. Por lo tanto, la función del ahorro vendrá dada por:

Finalmente podemos añadir que:

Tener en cuenta que:

•            Todo el ingreso que no se consume, es Ahorro
•            Sin embargo hay que aclarar lo siguiente: el Ahorro que no se vuelca en el sistema (no se deposita), es atesoramiento y no implica ahorro (porque es improductivo)
•       Las propensiones medias al consumo y al ahorro, en su suma, dan igual a uno.
•           Las propensiones medias al consumo y al ahorro, en su suma, dan igual a uno.
• 
  

La demanda agregada y el efecto multiplicador

En la clase anterior, nos referíamos a una renta de equilibrio donde la oferta agregada coincidía con la demanda agregada. La oferta estaba representada por la renta nacional, y la demanda por Consumo, Inversión, Gasto Público y Exportaciones netas. Recordando

Y = C + I + G + X_n

Abriendo la fórmula del consumo (vamos a suponer una economía sin impuestos, para simplificar)

Y = C₀ + b Y + I + G + X_n

Por pasaje de términos

Y - b Y = C₀ + I + G + X_n

Sacando factor común en el primer miembro de la igualdad

Y (1-b) = C₀ + I + G + X_n

Es lo mismo decir:

Y = 1/(1-b) * (C₀ + I + G + X_n )

Lo que se pretende demostrar es que cualquier variación en C₀, I, G o en X_n tiene que ser multiplicado por 1/(1-b), para obtener una nueva Y.

En conclusión, Y se modificará mucho más de lo que se pueda modificar C₀, I, G o en X_n

Se le llama a 1/(1-b), el multiplicador de la demanda o gasto agregado.

Cómo visualizarlo? 

Un incremento en la demanda Agregada (de DA₀ a DA₁) que puede ser originado en un aumento de C₀, I, G o en X_n; provoca un aumento en Y (de Y₀ a Y₁) mucho mayor. Eso se debe al efecto multiplicador

VIDEOS PROPUESTOS:

Por el docente

Por otros especialistas

1.       Macroeconomía: Función de consumo

2.    

   Macroeconomía: Ahorro e inversión

3.       El modelo Keynesiano: El multiplicador del gasto – Parte 2

(es continuación de un tutorial anterior)

EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE CLASE

Breve ensayo

- El equilibrio de mercado siempre permite el ahorro de las familias

- Un aumento en los impuestos atenta contra el consumo de las familias

- El consumo autónomo genera desahorro

1.      

ISFT178 - Aula de PPE - Lección 2

Herramientas de trabajo.

Bibliografía a utilizar:

MOCHÓN F. y BEKER V. “Economía. Principios y aplicaciones”, 4ª.Edición. Editorial McGraw Hill, 2008 (Capítulo 14)

FERRUCCI R . Equilibrio general. Material de cátedra.

El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

Equilibrio general

                Así como los mercados se encontraban en equilibrio, en cuanto la demanda coincidiera con la oferta; a nivel Estado, para que exista una renta de equilibrio, deben coincidir la demanda y la oferta agregadas.

                La oferta agregada (OA) se refiere a lo que un país tiene por ofrecer: los bienes y/o servicios que produce (Producto bruto interno, a precios de mercado –PBI_apm -) y los bienes y/o servicios que importa (Importaciones – M -)

                La demanda agregada (DA) está compuesta por todos los bienes y/o servicios, que solicitan las economías domésticas (bienes de Consumo – C -), las empresas (bienes de capital o de inversión – I -), el Estado (origina el Gasto Público – G - ), y el resto del mundo (Exportaciones – X -)

                En términos matemáticos, se está diciendo que la renta de equilibrio, en un país, en un año, surge de la relación:

                                                                              OA = DA

                 PBI_apm + M = C + I + G + X

                Por pasaje de términos, también es cierto:

                         PBI_apm = C + I + G + X – M

                La diferencia entre exportaciones e importaciones, es llamada balanza comercial o exportaciones netas, y se simboliza X_n. Es decir,

                        PBI_apm = C + I + G + X_n

                Es lo mismo decir, PBI_apm que Y (Renta Nacional).

                                 Y = C + I + G +X_n

El modelo keynesiano. La demanda agregada

           

     También conocido como aspa keynesiana, estudia a la economía de un país en el muy corto plazo. Existe un predominio de la demanda sobre la oferta, y por eso se analizarán básicamente los comportamientos de sus componentes: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas.

La función consumo

                Aunque las familias no cuenten con renta alguna, obviamente, deben consumir para lograr la subsistencia. Es decir, cuando la renta sea igual a cero, el consumo (Se simboliza C) se dice autónomo, y se simboliza C₀. Por el contrario, si las economías domésticas tienen ingresos, seguramente consumirán acorde al nivel de rentas percibidas. Obviamente, no consumen todo el ingreso, sino un porcentaje del mismo. Dicho porcentaje es la Propensión marginal al consumo, y se simboliza c₁. La función consumo se puede expresar de la siguiente forma:

C = C₀ + c₁ Y

                La gráfica que propone Keynes, tiene una recta de 45°. En el eje horizontal se representa el producto o renta nacional Y, y en el eje vertical, la demanda Agregada (en este caso, solamente se conoce el consumo). La bisectriz estará indicando que “todo aquello que se produce, se demanda”. O sea, son puntos de supuesto equilibrio perfecto entre la oferta y la demanda agregada.

La curva de consumo nace en el nivel del consumo autónomo C₀; y a medida que aumenta la renta Y, aumenta el nivel de consumo. En el punto de intersección entre la curva del consumo y la recta de los 45° se logrará la renta de equilibrio, donde lo que se ofrece se iguala a lo que se consume.

                El consumo depende de una serie de determinantes: de la renta disponible (a mayores ingresos disponibles, las familias consumen más), de la renta acumulada (a mayores ahorros acumulados por las familias, serán posibles compras significativas de bienes de consumo), del nivel de precios (ante aumentos de precios, habrá menos consumo) y de la tasa de interés (si aumentan las tasas de interés, las familias menos se endeudarán y no estarán dispuestas a comprar bienes de consumo durable).

                La inversión representa el conjunto de bienes de capital que están dispuestos a comprar los empresarios. Dependerá de la demanda productiva de bienes finales (los empresarios invertirán sólo si hay bienes por producir y vender), la eficacia marginal del capital (el empresario invertirá, solo en la medida que supere la renta posible de inversión, a las tasas de interés por endeudamiento), el nivel de los precios (a mayores precios, menores inversiones) y de la tasa de interés (si aumentan las tasas de interés, habrá menores atractivos para hacer nuevas inversiones). La inversión, al no tener relación con el nivel de renta, es una inversión autónoma (I₀)

El gasto público (G) hace referencia a la compra de bienes y/o servicios de consumo privados y bienes y/o servicios de inversión privados,  que necesita el Gobierno para realizar sus funciones y ofrecer sus bienes y/o servicios públicos. Al igual que la inversión, la gráfica resulta similar

Por otra parte, mientras las exportaciones dependen de las rentas del resto del mundo, de los tipos de cambio y de la relación entre precios internos y precios externos; las importaciones están influidas por los ingresos disponibles (cuanto mayor sea el ingreso disponible, habrá mayor posibilidad de importar), de los tipos de cambio y de la relación entre precios internos y precios externos (Estas dos últimas variables, en el sentido inverso a como se comportan respecto de las exportaciones)

 Mientras que las exportaciones se representan como una línea constante (porque es independiente del nivel de renta), las importaciones constituyen una línea creciente (porque si hay renta, hay posibilidad de importar).

                Si se pretende representar la curva de exportaciones netas, habría que restar a la línea de exportaciones, las importaciones. Se obtendría una gráfica como la siguiente

En definitiva, si la Demanda Agregada es la suma de Consumo, más Inversión, más Exportaciones Netas, la resultante sería:

Y = C + I + G + X_n

Gráficamente, se obtiene la Demanda Agregada de la siguiente forma:

Otra forma de graficar la Demanda Agregada

                Si, en lugar de utilizar la gráfica de los 45°, se relaciona ahora los niveles del producto (o renta) respecto del nivel de los precios. Obviamente, a mayores precios, habrá menos consumo…

                En definitiva, si se habla de demanda agregada, es similar a la demanda precio vista en microeconomía

De la misma forma que, en la cruz o aspa keynesiana, aquí se van agregando las funciones inversión, gasto público y exportaciones netas, al consumo original… así se obtiene la curva de demanda agregada…

VIDEOS PROPUESTOS

Del Docente

De otros especialistas

1. ¿Qué es la demanda agregada?

 

2. El modelo Keynesiano y la función de Consumo - Parte 1

3. Introducción a la función Consumo

EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE CLASE

Breve ensayo

- El equilibrio general es OA = DA y se puede visualizar en la bisectriz de 45º 

- Las exportaciones netas siempre son negativas

- Una relación positiva de precios internos/ precios externos, fomenta las importaciones y hace disminuir a las exportaciones