ISFT178 - Aula de Administración Económico Financiera- Lección 4

Herramientas de trabajo 

Bibliografía a utilizar

URRUNAGA Roberto, y otros. “Fundamentos de economía pública”, Universidad del Pacífico, 2001 (Capítulo 1)

El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

 Revisando conceptos: Economía del bienestar

                       En el paradigma económico neoclásico, predominante en la enseñanza de la economía a nivel mundial, el individuo es el centro de atención y del análisis. En una economía de mercado se postula, el intercambio libre de agentes egoístas, en el sentido de estar guiados solamente por sus propios intereses, nos conducirá a eliminar los excesos de demanda a través de las señales de precios. El precio es la señal sobre la escasez relativa de los bienes; a mayor precio relativo, los productores tendrán incentivos para aumentar la producción, mientras que los consumidores tendrán incentivos a reducir la cantidad demandada.

                En este mundo sencillo e idealizado (en el sentido de ser una conceptualización y modelo de la realidad) se suele esconder el rol del Estado. Primero, el postulado de funcionamiento de un mercado depende de que se intercambien bienes privados, es decir, bienes cuyo costo de exclusión sea insignificante y que se agoten en el consumo de un agente. En otras palabras, bienes privados en el sentido económico del término. Si nos encontramos con bienes que no cumplen alguna o ninguna de estas características de rivalidad y exclusión, los mercados ya no surgirán espontáneamente y el intercambio libre de agentes egoístas será incapaz de llevarnos a la eficiencia. En estos casos, se hablará de bienes públicos.

                En segundo lugar, y quizá más importante, es que la exclusión, o la característica que un bien sea exclusivo, es una que descansa en el sistema de protección de derechos de propiedad de una colectividad. En palabras sencillas, descansa en el Estado, en este tercero con poder de coerción que es capaz de organizar la acción colectiva. La misma esencia del funcionamiento de una economía de mercado, cual es la existencia de bienes privados, depende así del funcionamiento del Estado, o de algún tipo de acción colectiva

Los bienes privados tienen características de alta exclusión (se paga por ellos, y así se evita que otro los consuma o utilice) y de alta rivalidad (que alguien los consuma, hace que haya menos disponibilidad de ellos para los otros). En cuanto carezcan de estas propiedades, el mercado pareciera no interesarse en su producción e intercambio…

La teoría económica postula que la asignación de recursos por medio del mercado maximizará el bienestar social, a través de la acción descentralizada de agentes económicos.

            Cabe recalcar que “descentralizado” quiere decir acción individual sin coordinación. También “bienestar social” quiere decir la suma del Excedente del productor y del Excedente del consumidor.

            Maximizar el bienestar social es equivalente a postular el logro de la eficiencia económica. Es preciso definir el concepto de eficiencia, comprendido simplemente como la ausencia de desperdicio. La eficiencia puede ser productiva, cuando se produce a un costo mínimo. Se puede hablar de eficiencia en la asignación de recursos, cuando el precio de mercado es igual al costo marginal, lo que es equivalente a decir que el valor de uso es igual al valor de cambio, que es igual al sacrificio marginal de recursos necesarios para producir un bien. Y también se puede hablar de eficiencia distributiva, es decir, cuando cada agente, sea consumidor o productor, se apropia de su excedente. Además podemos hablar de Optimo de Pareto, o eficiencia en el sentido de Pareto, cuando no es posible aumentar el bienestar de un agente sin empeorar a otro.

            Para que el mercado logre el objetivo de maximizar el bienestar social, deben cumplirse un conjunto de condiciones. Estas condiciones son conocidas en la teoría económica como los supuestos del modelo de competencia perfecta:

1.      Atomización: Hay tantos participantes (tanto productores como demandantes) que ninguno puede influir por si solo en el precio o en la cantidad de equilibrio

2.      Producto homogéneo: Los productos transados en el mercado son idénticos (o casi idénticos), y por ello, nadie puede cobrar o pagar un precio más alto por ellos.

3.      Libre entrada y salida de productores y demandantes: No hay barreras que impidan u obstaculicen el arribo o la partida de participantes.

4.      Información perfecta o completa: todos los agentes acceden a la información relevante para realizar sus decisiones de compras o de ventas.

    Bajo estas condiciones, la interacción entre oferentes y demandantes en el mercado llevará al máximo bienestar social, es decir, al máximo excedente del productor y máximo excedente del consumidor.  No solo ello, la competencia perfecta así planteada permitirá alcanzar los tres tipos de eficiencia previamente definidas: la eficiencia productiva (producción máxima al mínimo costo), la eficiencia distributiva (cada agente se queda con su parte del beneficio social); y, lo principal, la eficiencia en la asignación de recursos (la disponibilidad a pagar es igual al precio de mercado –valor de cambio- e igual al costo marginal)

Que un mercado sea eficiente, no significa que sea justo o equitativo

            El modelo de competencia perfecta es eso, un modelo, una abstracción de las principales variables que permiten explicar un resultado de máximo bienestar social. Ningún mercado es perfectamente descripto en la práctica, como un mercado perfecto. Los economistas hablan de una estructura de mercado “como si” correspondiese a un modelo de competencia perfecta

Ningún mercado es perfecto, porque hay fallas del mercado

La economía del bienestar sostiene que, en ausencia de fallas de mercado, el libre funcionamiento de los mercados competitivos conduce a la eficiencia económica. Esta relación entre competencia y eficiencia se plantea en dos teoremas:

a)      Todo equilibrio de mercado conduce al óptimo de Pareto

b)     Todo óptimo de Pareto implica un equilibrio de mercado

Curva de posibilidades de utilidades

La frontera de posibilidades de utilidad parte del supuesto de que las utilidades son comparables y muestra las combinaciones de utilidad que puede alcanzar la sociedad. Notar que en los ejes van los niveles de utilidad y no las cantidades de bienes. Dados dos individuos S y J (o dos grupos sociales, ricos y pobres), y dos bienes, se seleccionará una asignación de bienes tal que se maximice el bienestar de la sociedad (tener en cuenta que, al aumentar el bienestar de un sector, se está perjudicando el de otro sector).

Existen tres criterios que permiten seleccionar un punto sobre la curva:

 

·        Criterio de igualdad: el bienestar social máximo se logra en la intersección de la bisectriz de 45° (donde la utilidad de uno u otro es idéntica) y la frontera.

·        Criterio igualitario: el bienestar social máximo es el que determine la curva de contratación, en cuanto coincida con la frontera de las posibilidades de producción

 

                         Las curvas de contratación surgen de las intersecciones entre las distintas curvas de                                 indiferencia que tienen dos sujetos o dos grupos sociales.

 

·        Criterio de Rawls

Este criterio fue planteado por primera vez por el filósofo John Rawls.

Rawls parte de la premisa que una sociedad se encuentra en una “posición inicial” en la cual ningún individuo tiene información que le permita determinar cuál será su posición final y por lo tanto, su nivel de utilidad final.

De esta manera, el problema de seleccionar un criterio de bienestar es un problema de comportamiento en una situación de incertidumbre debido a que los individuos no saben exactamente cómo se va a ver afectado su bienestar personal.

Concretamente, afirma que los miembros de la sociedad podrían elegir una distribución ineficiente (o no óptima en términos de Parteo), si la persona en la peor situación estuviera mejor que en la situación óptima original.

En términos de la gráfica siguiente, las distribuciones desiguales se podrían elegir cuando las distribuciones igualitarias alcanzables (aquella sobre la recta de 45º, en este caso el punto B) estén por debajo del punto D. Por lo tanto, A es una asignación elegible.

En la gráfica, las distribuciones ineficientes pero de igualdad (aquellas sobre la recta de 45º, puntos como el B) se podrían elegir dado que implican una mejora del individuo que está peor (J) aún cuando la situación original era eficiente.

VIDEOS SUGERIDOS

1. Función de utilidad

2. Curvas de indiferencia

3. Relación marginal de sustitución

  4. Caja de Edgeworth

EJERCICIO DE APLICACIÓN EN CLASE

 Teniendo en cuenta el siguiente texto:

            “Hubo una vez un gran panal que, a pesar de estar lleno de abejas amantes del lujo y el despilfarro, gozaba de gran fama por sus leyes y sus numerosos enjambres de emprendedores… Tantas eran las abejas que muchas se aprovechaban para trepar a cualquier precio. Así, pues, cada parte del Estado estaba lleno de vicios, pero en conjunto era un paraíso… Nada parecía estar fuera de lugar ni nadie interfería en los negocios públicos… y las abejas se permitían exclamar, descaradas: “¡Dios mío, si tuviéramos un poco de honradez…!”. Mercurio sonreía, pero Júpiter, indignado, concedió lo que se pedía. Los corazones se colmaron de honestidad y, al instante, todo cambió… Los tribunales quedaron en silencio, porque ya muy a gusto pagaban los deudores, aún lo que sus acreedores habían olvidado y estos absolvían a quienes no podían pagar… Todos los abogados se marcharon de aquel panel honrado…El clero no pasaba ya su carga a abejas jornaleras, sino que se abastecía a sí mismo, exento de vicios. Todos los ineptos, o quienes sabían que sus servicios no eran indispensables, se marcharon pues no había ya ocupación para tantos…” (Bernard Mandeville)

 Elaborar un pequeño informe que contenga su comentario respecto de:

a)      ¿cuál es el sistema económico que identifica en el relato?

b)     Esta fábula fue publicada en 1714 con el título “Los vicios privados hacen a la prosperidad pública”. Realice una comparación con la metáfora de “mano invisible” definida por Adam Smith

c)      ¿Cuáles son las fallas de mercado que se observan… o resulta que el sistema es lo suficientemente eficiente como para eliminarlas?

 

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Bibliografía a utilizar:

FERRUCCI R. Equilibrio general. Material de cátedra.

MATERIAL DE CÁTEDRA: Lecciones de Macroeconomía. Capítulo 1: El aspa keynesiana

El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

VÍDEOS SUGERIDOS

 Modelo Renta – Gasto y el multiplicador en una economía sencilla. Savunisevilla.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN EN CLASE

1.       Teniendo en cuenta la siguiente gráfica:

a) ¿Qué representa la distancia OA? Identifique qué circunstancias podrían darse en este modelo que hicieran reducir la distancia OA

b) Explique qué representa las distancias OY₁; Y₁E; e Y₁F. ¿Se encuentra la economía en equilibrio cuando la producción es Y₁?

c) Explique qué representa las distancias OY₂; Y₂E; e Y₂B. ¿Se encuentra la economía en equilibrio cuando la producción es Y₂?

d) Dado el análisis de las partes (b) y (c), ¿cuál es el nivel de producción en equilibrio? ¿Qué debe ocurrir para que la economía se encuentre en equilibrio? Ilustre esta condición en el gráfico

e) ¿De qué depende en este modelo la pendiente de la línea ZZ? Determine el papel que juega el supuesto 0 > c1 > 1

2. Considere el modelo Y = Co + c1 (Y – T) + I + G. ¿Cuál de las siguientes alternativas tiende a reducir el valor del multiplicador?

a) Una mayor propensión marginal a consumir

b) Mayor propensión marginal a ahorrar

c) Menores impuestos (T)

d) Un menor nivel de inversión

3 Suponga una economía descrita por el modelo renta-gasto con los siguientes datos:

C = 100 + 0.80 YD

I = 80

G = 200

T = 100

a) Obtenga los valores de equilibrio del PBI, el consumo, el ahorro privado y el público. Represente gráficamente la situación y verifique el cumplimiento de la condición de equilibrio que relaciona la capacidad o necesidad de financiación de los diferentes sectores.

b) Obtenga el valor de la demanda agregada cuando el nivel de producción es 1000. Represente la situación y explique qué ocurrirá a partir de ese punto.

c) ¿Cuánto más deberían invertir los empresarios para que la producción de equilibrio sea igual a 2000? Represente la nueva situación y explique cómo se financian entre sí los diferentes sectores.

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Bibliografía a utilizar:

MOCHÓN F. y BEKER V. “Economía. Principios y aplicaciones”, 4ª.Edición. Editorial McGraw Hill, 2008 (Capítulo 2)

El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

MERCADOS

Son ámbitos donde se encuentran compradores y vendedores, a los efectos de consensuar intercambios. Los mercados no necesariamente tienen un espacio físico donde realizarse, sino que es posible la existencia de los mismos en escenarios virtuales

En los mercados se desarrollan los procesos formadores de precios. Los compradores conforman la demanda y responden positivamente ante la baja de los precios. Los vendedores constituyen la oferta y están dispuestos a ofrecer más ante la suba de los precios. Ambas fuerzas, la oferta y la demanda; determinarán la formación de los precios.

Los mercados se pueden clasificar en:

Hay mercados que comercializan bienes materiales (de productos) o inmateriales (de servicios); mientras otros, intercambian factores de producción (capital, tierra, trabajo).

Hay mercados transparentes (donde la información es conocida por todos sus integrantes) u opacos (donde hay datos de las operaciones comerciales o de sus productos, se mantienen ocultos por alguna de las partes, compradores o vendedores…).

Hay varias clases de mercados…

Mercados perfectos. Se consideran perfectos aquellos mercados que tienen las siguientes características:

a)      Son atomizados, pues tienen gran cantidad de participantes, sean compradores o vendedores. Resultan de concurrencia bilateral, atomizado del lado de la oferta y también de la demanda

b)      Son transparentes, porque la información está al alcance de unos u otros

c)       Son abiertos, pues tanto compradores o demandantes pueden entrar o salir libremente del mercado

d)      Los productos que comercializan son homogéneos. Dos productos son homogéneos en cuanto tienen los mismos componentes (homogeneidad real); pueden ser comercializados por cualquier oferente o demandante (homogeneidad personal); están disponibles en todos los ámbitos de mercado (homogeneidad espacial), y en las mismas condiciones de pago y disponibilidad (homogeneidad temporal)

Estos mercados perfectos, por tener gran cantidad de participantes, ninguno puede influir en la determinación de los precios, pues los mismos son determinados por la mayoría (imposibles que lo pueda fijar uno)

Obviamente, en la práctica, es difícil la existencia de mercados de competencia perfecta. Lo más cercano a ellos son los mercados de cereales.

LA DEMANDA

                La demanda de un bien es la relación entre la cantidad de ella que el individuo está dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos precios posibles.

                Se le llama DEMANDA PRECIO, y está representada por una serie de posibles alternativas que correlacionan las diferentes demandas con los distintos niveles de precios presentados. Esta serie de alternativas posibles varía inversamente al nivel de los precios.

                La demanda no es una simple cantidad de un producto, sino que es toda una relación o lista de las cantidades de una mercancía que los compradores están dispuestos a adquirir, a los diversos precios posibles.

Son varios los determinantes de la demanda:

1.       El precio de un artículo. El individuo está dispuesto a comprar más cantidad, cuanto menos precio tenga que pagar por ellos. Y viceversa.

2.       El precio de un artículo relacionado. Si aumenta el precio de un producto sustituto, el individuo comprará más del bien en cuestión. Por el contrario, si aumenta el precio de un complementario, se demandará menos cantidad del bien analizado.

3.       El ingreso del consumidor. Aquí corresponde distinguir los bienes normales y los bienes inferiores. Ante aumentos en el ingreso del consumidor, el individuo está dispuesto a comprar más de los primeros y menos de los segundos.

4.       Gustos y preferencias. Hay productos a los que el individuo le gustan más que otros, y estará predispuesto a comprar más de ellos.

5.       Otros determinantes

Si se pretende analizar la demanda, será bajo la condición “céteris páribus”. Significa “todo lo demás se mantiene constante”. O sea, la cantidad demandada se puede analizar en base a un conjunto de variables o determinantes, pero haciendo variar “de a una” a la vez…

                La función de demanda se puede expresar matemáticamente así:

                                                               QDx = f ( Px, Py, Pz, M, G)

Donde

• QDx es cantidad demandada del artículo X
• Px es precio del artículo X
• Py es precio del artículo sustituto Y
• Pz es precio del artículo complementario Z
• M es ingreso del consumidor
• G es gustos y preferencias

VIDEOS PROPUESTOS

Del docente

Aparece publicado por separado

De otros especialistas

1. ¿Qué es mercado? Educatina. 

2. Tipos de mercado 1. Criterios de clasificación de mercados.

3. Qué factores influyen en la demanda?

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN EN CLASE

Breve ensayo 

1. Los mercados nunca son perfectos
2. Hay mayor rivalidad en los mercados competitivos
3. La ley de la demanda no siempre se cumple

1)  

ISFT178 Aula de Administración Económico Financiera - Lección 3

Bibliografía a utilizar:

URRUNAGA Roberto, y otros. “Fundamentos de economía pública”, Universidad del Pacífico, 2001 (Capítulo 1)

 El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

Mercado y Estado: intervencionismo público (Tercera parte)

El mercado produce una asignación eficiente cuando se dan condiciones de competencia y no hay externalidades relevantes; estos problemas están muy presentes en la sanidad. La intervención el Estado es correctora aunque añade otros problemas. La equidad es una clave central en el intervencionismo del Estado en la asistencia sanitaria

                                                                                                    Autor: Juan A. Gimeno Ullastres

OBSERVACIÓN DEL DOCENTE: El presente artículo centra su interés en el mercado de la sanidad.


3.4. Equidad y distribución

El debate sobre el acceso nos lleva al aparente enfrentamiento entre los objetivos de eficiencia y de equidad. El planteamiento dominante en el análisis económico, basado en el criterio de eficiencia, parte de la aceptación de la distribución de la renta existente. La imposibilidad de comparar las pérdidas o ganancias individuales de bienestar lleva a suponer que cualquier opción redistributiva está cargada de juicios de valor. Es obvio que no tomar en cuenta los aspectos distributivos es en sí mismo también un juicio de valor.

Una crítica tradicional a las políticas redistributivas se basa en el efecto desincentivador que pueden implicar. Para los “ricos”, porque ante la amenaza de que buena parte de lo que ganen se dedique a pagar a los “pobres”, perderán interés en incrementar su esfuerzo, en trabajar más para otros. Para los “pobres”, porque si el Estado garantiza rentas y servicios, pueden perder el interés por trabajar. En ambos casos, disminuirá el nivel colectivo de esfuerzo y con ello la producción, con lo que todos serán más pobres después de la política redistribuidora. Es el debate popularizado a través de la elección entre repartir la tarta o hacerla más grande, como objetivos aparentemente encontrados.

Frente a esa tópica incompatibilidad, parece existir una cierta correlación entre el grado de desarrollo alcanzado por una sociedad y la menor desigualdad relativa que se observa en la misma. Para unos, esa presunta evidencia viene a avalar la tesis de que la mejor política distributiva es aquélla que garantiza el máximo crecimiento, la que propicia una asignación eficiente de los recursos disponibles.

Para otros, esos datos demuestran precisamente lo contrario: que la atemperación de la desigualdad posibilita un mayor crecimiento. Las fuerzas del mercado, si funcionan sin contrapeso alguno, llevan por sí solas no hacia la igualdad sino hacia desigualdades crecientes. Por ello es necesario que los poderes públicos corrijan esa tendencia acercando la distribución de la renta hacia la igualdad.

Si la igualdad total es un desincentivo importante, la desigualdad muy elevada supone también un coste relevante en términos de producción. Un “exceso” de igualdad provoca un importante desincentivo al esfuerzo: cualquier intento de producir por encima de lo normal se encontrará con una fuerte penalización redistribuidora. El empobrecimiento general puede llegar a ser tal que no sólo los ricos perdieran, sino también los pobres. Un “exceso” de desigualdad tiene efectos negativos sobre la producción por deficiencias en la salud, la preparación y la capacidad (productiva y adquisitiva) de buena parte de la población. Sin contar aspectos adicionales como los desórdenes sociales y la seguridad del propio sistema. Probablemente existe consenso en que no hay conflicto entre equidad y eficiencia si contemplamos situaciones extremas.

En definitiva, aun admitiendo la posición intermedia o de compromiso, existe una notoria incapacidad para concretar una idea operativa e indiscutida de equidad. La presencia de juicios de valor diferentes y de intereses contrapuestos obligan a remitir a las opiniones mayoritarias de los ciudadanos en cada momento y lugar, opiniones que a su vez van transformándose a lo largo del tiempo.

Frecuentemente la distribución de la renta o la riqueza se refiere simplificadamente a la distribución entre personas y hogares. Pero tan importante como esa perspectiva, es posible añadir una referencia a colectivos con necesidades sanitarias específicas. En la medida en que, por unas causas u otras, determinados grupos de personas pueden tener necesidades muy diferentes a las de los demás, será importante también estudiar y decidir el grado de diferencia que quiere aceptarse en los recursos a ellos destinados. Las diferencias pueden provenir por razones de edad (niños, mujeres, ancianos, etc.), de enfermedades (cáncer, SIDA, etc.), minusvalías, etc.

El principio de equidad puede entenderse de diversas formas. Pero es fácil relacionarlo de forma general como un objetivo ligado a que todos los ciudadanos puedan tener acceso a niveles parecidos de servicios. Algunas veces se ha definido como permitir un trato igual a los iguales (equidad horizontal) y adecuadamente desigual a los desiguales (equidad vertical).

Sin duda, el segundo aspecto plantea muchos más problemas en la práctica que el primero. Porque no siempre existe acuerdo en la definición de la desigualdad susceptible de merecer un trato discriminatorio ni, en el caso de aceptarse la diferencia, en calibrar hasta dónde debe llegar la discriminación.

El mercado no garantizaría el principio de equidad en el caso de la sanidad. La intervención del Estado para corregir esa situación es obligada cuando constitucionalmente se define el acceso a aquélla como un bien preferente y se trata de un supuesto claro de externalidad positiva.

  La elección de uno u otro criterio implicará consecuencias diferentes respecto a las medidas necesarias para garantizar el nivel deseado. En todos los casos, es evidente que el mercado no permitiría su cumplimiento y sería necesaria la intervención del sector público. El cómo de esa intervención puede revestir formas muy diferentes.

Los estudios disponibles estiman que el gasto sanitario presenta una importante incidencia redistributiva en favor de los hogares con menores ingresos, superior incluso al impacto total del conjunto del sistema de la Seguridad Social o de otras políticas ligadas al Estado de bienestar.

La generalización de la asistencia pública ha permitido una mejora sustancial para el conjunto de la población, especialmente para los niveles más bajos de renta, pero ha podido desplazar a parte de los usuarios más acomodados hacia la sanidad privada

3.5. ¿Mercado o Estado?

(Siguiendo a ORTÚN, V. - 1990)

Hemos visto, pues, que los servicios sanitarios afectan a la preservación de la vida, o a su calidad como mínimo, con gran incertidumbre, una información muy asimétrica, externalidades y otros elementos constitutivos de importantes fallos de mercado.

El Estado constituye una organización económica única con afiliación universal y poder de coacción, lo cual le proporciona ventajas e inconvenientes en relación con el mercado. Las características que lo facultan para resolver ciertos problemas de selección adversa y riesgo moral también lo incentivan para reducir la competencia, convertir el empleo y el salario públicos en poco sensibles a las cambiantes necesidades sociales, limitar los incentivos a la eficiencia, fomentar las actividades de búsqueda de rentas, crear burocracia y reducir la flexibilidad de las políticas a través de rigideces normativas.

El Estado también es, pues, una institución imperfecta y los principales fallos que suele presentar la oferta pública son los siguientes:

• Problemas de incentivos: la ausencia de competencia y la imposibilidad de quiebra adormecen las organizaciones; la dificultad de discriminación según rendimiento y mérito, así como la estabilidad garantizada, adormecen a los individuos.

• El énfasis en la “legalidad”, por el que se atiende más a los problemas formales y parece negarse la preocupación por la eficiencia.

• Una prevención de la arbitrariedad que niega la discrecionalidad y, por lo tanto, limita la capacidad de gestión. La arbitrariedad gestora que permita a burócratas y políticos actuar en exclusivo interés propio obviamente ha de evitarse.

• Las posibles desviaciones de poder como convertir en público el interés particular.

• Patologías burocráticas que pueden sobrevivir largamente al no confrontar sus costes en un mercado competitivo ni ser convenientemente evaluados y sometidos a los correspondientes estímulos correctores.

Tanto los fallos del mercado como los del Estado son más la regla que la excepción. Ni la existencia de fallos de mercado basta para justificar la intervención estatal ni los fallos del Estado son suficientes para legitimar el laissez faire.

Ya vimos que las posibilidades de intervención pública son muy variadas. Al amplio abanico de campos en los que puede justificarse la intervención pública con el consiguiente debate respecto a su conveniencia, se añade el no menos amplio número de posibilidades concretas de actuación, no todas ellas eficaces para obtener los diferentes objetivos pretendidos.

Podría hablarse de un cierto proceso de convergencia desde el momento en que las Administraciones Públicas se apoyan frecuentemente en instituciones privadas, exigiendo el cumplimiento de criterios públicos que corrigen el puro funcionamiento del mercado e internalizan buena parte de as externalidades de carácter social. Y, por otra parte, las principales sugerencias de reforma del sistema público apuntan hacia una progresiva introducción de factores de mercado y de competencia, separando los roles de financiación y provisión y buscando sistemas más ágiles de gestión sanitaria

La reflexión está siendo especialmente obligada para el sistema sanitario público, en casi todos los países de nuestro entorno, por el incremento del gasto que absorbe proporciones crecientes del presupuesto público. Un crecimiento tan constante e importante que está obligando a una reflexión sobre los aspectos ineficientes y los mecanismos de contención de costes, con el objetivo de que los problemas financieros no acaben por ahogar al sistema y afectar a la propia supervivencia del modelo.

Por ello, viene apuntándose una tendencia a:

a) La separación de los roles de financiación y producción. Esta separación delimitaría responsabilidades, ya que el financiador no respondería del funcionamiento de los centros sanitarios. La responsabilidad así del ente financiador permitiría que éste tendiese a gastar en aquellos centros sanitarios donde exista una mayor eficiencia.

b) Cambios jurídicos que permitan a los gestores escapar más fácilmente al control administrativo del presupuesto y eliminar parte de las actuales trabas burocráticas. Los gestores deberían responder más por la utilización de sus recursos y los resultados, que de las formas de ejecución presupuestaria.

c) La necesidad de introducir competencia entre los centros sanitarios. Se pretende que una adecuada competencia permita valorar a los centros que consiguen una mayor eficiencia. En esta línea se han barajado muchas posibilidades, como la de permitir al usuario elegir en primera instancia entre los centros públicos, y sólo si no fuera suficiente entre los del sector privado, o acreditar centros en pie de igualdad entre el sector público y el privado.

Los detractores de la aplicación de los criterios de la competencia en el ámbito sanitario han señalado también inconvenientes, en buena medida ya repasados, como los siguientes:

• El diferente peso específico entre la oferta sanitaria pública y privada condiciona que ésta no pueda competir en condiciones de mercado con respecto a toda la población, en cuanto a distribución y precio.

• El sistema sanitario debe atender colectivos y necesidades no rentables en cuanto a precio. Debiendo, por ejemplo, situar centros de salud en zonas poco pobladas en las que difícilmente tendría cabida más de un centro ni sería fácil alcanzar dimensiones rentables.

• En muchas ocasiones, el paciente carece de referencias para apreciar la calidad de los servicios sanitarios públicos. Y elige guiado casi exclusivamente por su situación geográfica o por los servicios complementarios más superficiales.

• A la Administración le resulta difícil fijar un precio (coste) basado en el grado de calidad del servicio.

• Una concepción de los centros sanitarios demasiado próxima a un centro privado podría aparejar todos los inconvenientes que hemos visto para un modelo competitivo regido por criterios de mercado. Podría resultar un híbrido con todos los inconvenientes de los dos modelos y con pérdida de sus respectivas ventajas.

• La rigidez laboral en los centros públicos hace extremadamente difícil una gestión que prime los comportamientos más acordes con la consecución de los objetivos encomendados a las unidades de producción.

Al final, como casi siempre que se debate sobre el posible intervencionismo público, el debate se refiere a la equidad de los resultados, a la distribución deseada de los costes y de los beneficios del sistema, a cuánta política redistributiva desea una sociedad.

Conclusiones

El mercado es, como regla general, el método que proporciona un mayor acercamiento al uso eficiente de los recursos, para la mayor parte de los bienes y servicios. Pero los fallos del mercado, los incumplimientos de las condiciones de la competencia, son tan frecuentes, que es precisa alguna regulación correctora por parte del Estado.

Hay determinados tipos de bienes que, por su carácter de públicos o por la existencia de externalidades, son especialmente inadecuados para una provisión libre por parte del mercado.

En el ámbito de la salud, se dan simultáneamente varias de estas circunstancias: hay fallos del mercado, hay bienes públicos y hay externalidades. Por ello, es indispensable la intervención pública.

Pero el sector público también tiene fallos evidentes de funcionamiento. Por ello, no siempre los fallos del mercado deben llevar a que la provisión de un bien o servicio sea asumida públicamente. Son muchas las formas posibles de intervención y en cada caso, según las circunstancias y valoraciones sociales, deberá elegirse la mejor combinación posible.

Además, el mercado, funcionando libremente, genera desigualdades crecientes y dificulta el acceso a bienes y servicios básicos para buena parte de la población con menores ingresos o circunstancias personales específicas.

Por ello, al final, el debate sobre la mayor o menor presencia del Estado en el ámbito sanitario, es un debate sobre la equidad y la distribución de la renta que consideramos deseable.

Referencia:
Gimeno Ullastres J A. Mercado y Estado: intervencionismo público [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012 [consultado día mes año]. Tema 1.1. Disponible en: direccion url del pdf.

VIDEO SUGERIDO

¿Qué debe hacer el Estado?

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DEL AULA

Breve ensayo

- El Estado debería cumplir la función de Robin Hood: obtener recursos de los ricos, para entregàrselos a los pobres

- La equidad no puede ser administrada por el mercado

- Así como hay mercados imperfectos, se deben admitir gobiernos imperfectos

 

ISFT 178 Aula de Administración Económico Financiera - Lección 2

 

Bibliografía a utilizar:
URRUNAGA Roberto, y otros. “Fundamentos de economía pública”, Universidad del Pacífico, 2001 (Capítulo 1)

El presente material tiene por objetivo orientar en el estudio de la asignatura, pero no reemplaza a la bibliografía sugerida por el docente, sino que la complementa.

Mercado y Estado: intervencionismo público (Segunda Parte)

El mercado produce una asignación eficiente cuando se dan condiciones de competencia y no hay externalidades relevantes; estos problemas están muy presentes en la sanidad. La intervención el Estado es correctora aunque añade otros problemas. 

                                                                                                                  Autor: Juan A. Gimeno Ullastres

2. La infravaloración en el mercado
2.1. Las externalidades

En ocasiones el mercado no valora adecuadamente todos los costes o beneficios que se derivan de una determinada producción o consumo. Esa infravaloración del mercado motiva que se produzca en exceso (cuando se infravaloran los costes) o menos de los socialmente deseable (si se infravaloran los beneficios).

Los bienes de consumo acarrean beneficios privados, para su consumidor directo, y pueden o no afectar a los individuos distintos del consumidor. Cuando se produce ese efecto indirecto sobre otros sujetos distintos del involucrado en el consumo directo del bien o servicio decimos que se trata de una externalidad en ese consumo. Exactamente lo mismo puede decirse de un proceso productivo y los efectos colaterales del mismo sobre sujetos distintos al productor.

El mercado no incorpora las externalidades del consumo o de la producción. Consecuentemente, provee en exceso en los supuestos de externalidades negativas y menos de lo socialmente deseable cuando hay externalidades positivas.

Un individuo decide vacunarse frente a una enfermedad contagiosa. De esta vacunación se deriva un beneficio privado evidente para quien recibe la vacuna. Pero, además de ese beneficio privado, hay un beneficio externo para los individuos próximos o en contacto con aquel y que no han participado directamente del acto de consumo.

Los individuos, al tomar decisiones que producen efectos externos, no tendrán en cuenta esos efectos indirectos, esas externalidades positivas, a menos que se les fuerce por ley o se les persuada mediante dinero o algún otro estímulo que permita internalizar las consecuencias indirectas de su comportamiento. El equilibrio de mercado no sería el socialmente deseable. Ante la presencia de claros beneficios externos y ante la subprovisión por parte del mercado respecto de la que puede considerarse como cantidad óptima en términos sociales, el Estado puede optar por intervenir y establecer mecanismos de coacción o de intervención para que el mercado alcance el nivel de equilibrio óptimo en términos sociales.

También es posible identificar actos de consumo o de producción que generan efectos que perjudican a terceros ajenos a la relación directa de los oferentes y demandantes concretos. Se trata de las externalidades negativas. En estos casos, es posible encontrar razones para la actuación del Estado, en la medida en que el mercado, actuando sin control o regulación, puede llegar a proveer por encima del nivel considerado como socialmente óptimo. La intervención pública puede estar justificada también en el caso de las externalidades negativas, con un primer objetivo cual es que el mercado internalice esos efectos negativos.

Para lograr esa internalización, existe un conjunto de medidas correctoras de las externalidades negativas. En algunos casos, puede no necesitarse la intervención pública. Esto será así cuando resulte posible la negociación entre las partes. Sin embargo, para que esta solución resulte posible deben concurrir algunas condiciones que no siempre se dan en la realidad: los derechos de propiedad deben estar claramente definidos, debe existir un marco jurídico que propicie las negociaciones privadas y no deben existir costes de transacción que imposibiliten o hagan extremadamente difícil alcanzar el acuerdo.

Cuando no es posible internalizar los efectos externos mediante la negociación privada y aquéllos son socialmente considerados importantes, la intervención del Estado puede propiciar, más fácilmente que el mercado, la asignación socialmente óptima

2.2. Bienes preferentes y no deseables

Relacionada con las externalidades positivas, existe una peculiar categoría de bienes y servicios que en el ámbito de la economía pública se ha denominado como bienes preferentes. Se trata de aquellos bienes y servicios que satisfacen las valoradas socialmente de manera tan meritoria que su suministro por el mercado se considera insuficiente. Se entiende que para estos bienes los individuos pueden no disponer de toda la información necesaria sobre la utilidad que se derive de su consumo. O valorarse públicamente aspectos cualitativos que se consideran despreciados por el mercado. Por ello, puede llevarse a cabo algún tipo de intervención del sector público para conseguir una provisión superior a la que realizaría el mercado.

Paralelamente al concepto de bienes preferentes existe el concepto de bienes no deseables, en los que ocurre lo contrario que en aquéllos. Se trata de bienes o servicios que, por la escasa información que puede tener el individuo de los perjuicios o efectos no deseables que puede generar su consumo, van a ser consumidos (o suministrados por el mercado) en una cantidad superior a la que puede resultar deseable en términos de eficiencia. Ejemplos típicos de estos bienes son el tabaco, el alcohol, las drogas, etc.

También en los bienes no deseables es posible identificar cierto grado de bienes públicos, en la medida en que generen externalidades negativas y se ven afectados valores colectivos como la seguridad o la salud pública. Y aparece un factor de desinformación en la medida en que los ciudadanos puedan no ser conscientes de las consecuencias negativas que se derivan, especialmente a largo plazo, de determinados consumos o producciones.

Los bienes preferentes suelen presentar tres características:

a. generan importantes externalidades positivas. Sería ésta una de las razones por las cuales los consumidores pueden no valorar la totalidad de los beneficios que se desprenden de su consumo y demandarlos por debajo de la cantidad que se considera eficiente.

b. implican aspectos redistributivos. Los objetivos redistributivos no sólo se plantean en términos de distribución de la renta, sino también en términos de acceso a un determinado nivel mínimo de ciertos bienes o servicios. En las sociedades modernas, también se plantean objetivos de garantía a todos los ciudadanos de acceso a determinados servicios en condiciones de igualdad. Los objetivos de equidad y de cohesión social están fuera de los intereses egoístas que conforman la mano invisible del mercado.

c. se considera que existe un problema de preferencias deformadas o de falta de información por parte de los consumidores. Por ejemplo, es algo habitual el desconocimiento de los beneficios que pueden derivarse de realizar visitas periódicas al médico o de acudir periódicamente al dentista. Muy frecuentemente se alude también a la denominada miopía del largo plazo: es frecuente que los agentes económicos valoren más claramente los costes y beneficios inmediatos que los que aparecen como posibles en un futuro difuso. Más vale pájaro en mano que ciento volando, dice gráficamente el refrán popular. Si es incompleta la información sobre las circunstancias presentes, es claro que aún más lo es referida al futuro.

Conviene destacar que esa valoración social de qué es positivo o negativo, qué debe favorecerse o penalizarse, entran en juego factores objetivos y científicos, pero también, inevitablemente, factores de tipo valorativo. Será la sociedad la que deba decidir cuándo los efectos derivados se consideran lo suficientemente importantes como para decidir la intervención y elegir la(s) forma(s) específica(s) de hacerlo.

Las formas de posible intervención pública en los casos que estamos comentando son muy variadas y pueden darse de forma simultánea o aislada:

Si la valoración es extremadamente fuerte, el consumo correspondiente puede calificarse como obligatorio (si es preferente) o prohibirse y castigarse (si se califica como no deseable).

·El carácter preferente puede aconsejar la producción pública directa de esos bienes, en régimen de monopolio, si considera que hay valores sensibles que conviene vigilar de cerca, o con carácter paralelo, incluso complementario, de la oferta privada.

· La oferta privada, a su vez, puede ser libre o subvencionada. En este segundo caso puede tratarse de potenciar la internalización de los beneficios sociales. El peligro es que el beneficio pueda trasladarse al precio y el efecto sea un mayor enriquecimiento de los oferentes más que un auténtico beneficio social.

· También puede cubrirse íntegramente el coste soportado por la empresa privada cuando se busca el aseguramiento de su provisión y la opción privada viene a cumplir un papel de concesionario del servicio público.

· En el caso de las necesidades no deseables la internalización de las externalidades negativas puede buscarse a través de un impuesto penalizador que, al encarecer el producto, haga obligada la incorporación de ese coste social. Si la demanda del bien de que se trate es muy rígida, puede no darse ningún efecto reductor de la cantidad consumida. Sin embargo, es posible que la penalización apenas afecte al consumo de los adictos, pero sí sea eficaz para desanimar a los potenciales nuevos consumidores.

· Otra opción es la regulación de su producción y/o consumo. Con carácter complementario, pero también, según los casos, exclusivo, la Administración Pública puede limitarse a marcar las condiciones que permitan reducir las externalidades negativas o incrementar las positivas.

· La forma de intervención más limitada es la que pretende mejorar la formación e información de los consumidores y productores respecto a las consecuencias de sus comportamientos. El estímulo, positivo o negativo, a través de campañas de información y de incidencia sobre la opinión pública buscan desplazar directamente la demanda en la dirección deseada, sin necesidad (o como complemento) de las medidas directas de los puntos anteriores.

3. Los fallos del mercado de asistencia sanitaria

(OBSERVACIÓN DEL DOCENTE. Caso aplicado al mercado sanitario)

3.1. Los bienes públicos y la competencia imperfecta

Bien por la presencia de externalidades o por su calificación como bienes preferentes o no deseables, la intervención pública puede estar justificada para corregir deficiencias del mercado en la provisión de bienes y servicios sanitarios o con repercusiones sobre la salud de los ciudadanos. Pero también sabemos que buen número de servicios sanitarios tienen la consideración de bienes privados. Por lo tanto, podría deducirse que bastarían unas correcciones al funcionamiento del mercado para que el resultado fuera óptimo socialmente y eficiente económicamente.

Sin embargo, es preciso recordar que la eficiencia del mercado exigía el cumplimiento de una serie de requisitos que se asociaban al modelo teórico de la competencia perfecta y buen número de los principios del mercado de competencia perfecta no se cumplen en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria.

Las formas en que el mercado de la asistencia sanitaria puede apartarse de los teoremas básicos de la competencia se pueden resumir en los siguientes:

• La existencia de barreras de entrada en el mercado sanitario: desde la exigencia de una titulación oficial para poder ejercer las diferentes profesiones sanitarias hasta la existencia de programas de control de la actividad sanitaria, pasando por requisitos administrativos y permisos de establecimiento.

• En ocasiones, el número de empresas prestatarias de servicios sanitarios es lo suficientemente reducido como para poseer cierto poder de monopolio. Piénsese en el caso de un médico en el ámbito rural, que monopolice la asistencia primaria en su zona, o de un laboratorio farmacéutico productor único de una determinada especialidad.

• Los servicios sanitarios no tienen carácter homogéneo, ni en su calidad ni en su finalidad.

• La asistencia sanitaria genera evidentes externalidades positivas y la no asistencia sanitaria puede generar claras externalidades de carácter negativo.

• La existencia de información deficiente, según vimos en la relación de agencia y en la demanda inducida por la oferta o los mismos supuestos de externalidades anteriores.

• No puede caracterizarse el ámbito de la salud precisamente por la ausencia de incertidumbre en cuanto a su calidad y evolución. La incertidumbre juega un importante papel en la compra de seguros privados.

La salud pública y la investigación médica, según se dijo, a menudo se parecen mucho a un bien público puro. Algunas enfermedades, especialmente las contagiosas, generan externalidades. En estos casos, puede ser conveniente regular el aislamiento de los enfermos o la vacunación obligatoria, y eso justifica en parte la existencia de los servicios públicos de salud.

3.2. Problemas de información

Uno de los supuestos esenciales para que los mercados sean perfectamente competitivos y asignen eficientemente los recursos es que los agentes, y en especial los consumidores, adoptan sus decisiones con toda la información posible. Es decir, que actúan con información completa sobre las distintas alternativas posibles y que finalmente optan por el bien, factor o servicio que mejor satisface sus preferencias.

Por diversas circunstancias, el consumidor puede disponer de información defectuosa sobre las diferentes opciones de consumo. Consecuentemente, sus decisiones pueden estar desviadas respecto a sus intereses óptimos y llevar a una asignación ineficiente de recursos por parte del mercado.

Diferencia entre mercados competitivos y mercados médicos

Las causas de que el consumidor no disponga de información completa son diversas:

• puede desconocer la existencia de otros precios para una misma cantidad del bien o del servicio que se trate.

• puede desconocer la existencia de otros bienes o servicios sustitutivos más o menos perfectos (es decir, que le proporcionen una utilidad parecida) de aquél que va a consumir.

• puede conocer la existencia de alternativas de consumo sustitutivas del que va a realizar, pero la información sobre las propiedades de cada una de ellas esté distorsionada.

• puede tener distorsionada la información por estrategias de venta o de marketing sobre el bien o servicio que va a consumir, o sobre las características de los posibles sustitutivos de ese consumo.

• puede conocer tan sólo unas características superficiales, y quizás secundarias, del bien o servicio, pero carecer de medios o conocimientos para valorar otras circunstancias menos obvias, quizás más decisivas en relación con la satisfacción de la necesidad correspondiente.

Cuando el consumidor acude a un médico lo que compra es en gran medida los conocimientos o la información de ese médico. Y esa es una de las razones por las que el Estado interviene en la concesión de permisos para ejercer la medicina y en la regulación de los medicamentos que pueden administrarse a los pacientes.

Otra de las consecuencias del hecho de que los consumidores sean compradores mal informados es que, a menudo, se sienten decepcionados con lo que compran. En el caso del individuo que adquiere un televisor de una marca mala, esto no tiene grandes consecuencias; pero en el caso de la medicina, el individuo que cree que el médico no le ha atendido correctamente puede demandarlo y, de hecho, en algunos países han aumentado espectacularmente las demandas por negligencia. Estas inducen al médico a prestar una asistencia excesiva.

La información imperfecta reduce el grado efectivo de competencia.

Los consumidores de bienes de consumo pueden averiguar con relativa facilidad dónde se vende a mejor precio. En cambio, los pacientes potenciales que vean que un médico cobra precios más bajos que sus competidores pueden pensar que este médico no tiene una gran demanda de sus servicios y que, por eso, está tratando de atraer más clientes; pero la falta de demanda de sus servicios puede hacerles pensar que no es un buen médico.

La heterogeneidad de los servicios médicos dificulta las comparaciones de precio y calidad e impide que se difunda eficazmente la información. A ello se añade el carácter incompleto de la información de que disponen los individuos sobre su estado de salud, sobre la necesidad de un determinado tratamiento médico o sobre las consecuencias para él de las diferentes terapias posibles

Las posibles actuaciones del Estado para evitar el fallo del mercado vinculado a la información disponible pueden adoptar fundamentalmente dos formas:

• tratar de canalizar hacia el público la información disponible en el mercado.

• adoptar un papel activo en la generación de información, por ejemplo, a través de la promoción de las actividades relacionadas con la investigación.

La incertidumbre es otro factor que implica la inexistencia de información perfecta sobre las alternativas posibles cuando éstas afectan a circunstancias o consecuencias futuras. Y la incertidumbre es algo implícito en la naturaleza del bien salud. La llegada de la enfermedad o la pérdida de salud difícilmente pueden resultar previsibles. La respuesta del mercado y del Estado a esa incertidumbre respecto a las necesidades de salud futuras ha consistido en la creación de seguros (privados y ofertados en el mercado, y/o públicos y con diferentes grados de cobertura) que cubran del riesgo incierto.

3.3. Problemas de acceso

Aunque el mercado, con algunas correcciones públicas, asignara eficientemente los recursos aplicados al sector sanitario, seguirían pendientes problemas como el acceso de las personas con escasos recursos económicos o la prestación de servicios de escasa rentabilidad

De acuerdo con lo que se ha visto, en cuanto que bien privado el mercado podría encargarse de la asignación con ciertos grados de eficiencia. La existencia de fallos como los descritos exigiría correcciones por parte del Estado con el fin de que se tomaran en consideración las externalidades, se controlaran las posiciones monopolísticas, se facilitara la información deficiente, etc.

Pero esas intervenciones no serían suficientes para garantizar el acceso universal a la salud. Las personas con reducidos recursos no podrían acceder a determinados servicios y algunos de éstos ni siquiera estarían en el mercado, porque resultaría poco rentable la atención de enfermos crónicos, ancianos y poblaciones alejadas, o los tratamientos muy costosos.

Según este punto de vista, los servicios médicos son diferentes de casi todas las demás mercancías. De la misma manera que el derecho de voto no debe estar sujeto al mercado (la gente no puede, legalmente al menos, comprar y vender sus votos), el derecho a vivir (el acceso a los servicios médicos) no debe ser controlado por el mercado.

Sin embargo, no todos los economistas están de acuerdo en que los servicios médicos no reciban el mismo trato que otras mercancías. Algunos afirman que debe permitirse que las personas que tengan más dinero y quieran gastarlo en asistencia sanitaria puedan hacerlo en la medida en que la relación entre los cuidados médicos y la vida (muerte) es muy tenue. Parecen existir otros factores como el tabaco, el alcohol, la dieta y, especialmente, la educación, que desempeñan un papel tan importante, o más, en la determinación de la duración de la vida del individuo y de otros indicadores de la salud.

Existe una tercera opinión (en torno a la cual parecen gravitar muchas democracias occidentales) según la cual todo el mundo tiene derecho a un determinado nivel mínimo de asistencia.

Si se diseña un sistema de asistencia privada coexistiendo libremente con una oferta pública que garantiza el acceso universal, la consecuencia más probable es que se produzca paulatinamente un proceso de selección adversa. El sistema privado, incluso funcionando a través del aseguramiento, tenderá a expulsar a los enfermos crónicos, a los necesitados de atenciones especialmente costosas, a los ancianos y a los pobres. El sistema público quedaría así reservado a los colectivos no deseados por la iniciativa privada, lo que normalmente conlleva un incremento importante del coste y un nivel de calidad en la asistencia notoriamente inferior al del resto del sistema.

Referencia:

Gimeno Ullastres J A. Mercado y Estado: intervencionismo público [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012 [consultado día mes año]. Tema 1.1. Disponible en: direccion url del pdf.

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